Dos empresas acuerdan pagar USD 495.000 por fugas de gas refrigerante

Dos compañías dedicadas al procesamiento y almacenamiento en frío de productos del mar han acordado reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y destructores de la capa de ozono que escapan de sus equipos de refrigeración en sus plantas en Westport, Washington.

Las compañías, Ocean Gold Seafoods Inc. y Ocean Cold LLC, se comprometieron a pagar USD 495.000 en multas por infracciones a la Ley Federal de Aire Limpio y a la Ley de Planificación de Emergencias y Derecho de la Comunidad a Saber, en el marco de un acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Ministerio de Justicia.

Ambas empresas utilizan el refrigerante clorodifluorometano, o “R-22”, un poderoso agente que reduce la concentración del ozono y que es potente gas de efecto invernadero, con un potencial 1.800 veces mayor para provocar el calentamiento global que el dióxido de carbono.

El R-22 y otros hidroclorofluorocarbonos (HCFC) dañan la capa de ozono, haciendo que cantidades peligrosas de radiación solar ultravioleta cancerígena lleguen a la tierra y contribuyan a aumentar los casos de cáncer de piel y cataratas.

“Con este acuerdo, se espera que las empresas Ocean reduzcan en el futuro la liberación de gases que agotan el ozono y sus emisiones de refrigerantes en una cantidad equivalente a aproximadamente 47 millones de libras de dióxido de carbono cada año, un paso más en nuestros esfuerzos para combatir el cambio climático”, explicó Ed Kowalski, director de Aplicación de la Oficina del Pacífico Noroeste de EPA.

“Invertir en un mejor equipamiento y mantenimiento para detener las fugas antieconómicas de refrigerantes es bueno para nuestro medio ambiente y bueno para los negocios”, agregó el director.

Desde por lo menos 2007, las empresas Ocean no lograron reparar rápidamente las fugas de gases refrigerantes ni mantener registros adecuados de los servicios de mantenimiento de sus equipos de refrigeración necesarios para evitar fugas, en violación de la Ley de Aire Limpio.

Además, las dos compañías no proporcionaron oportunamente a la EPA informes sobre la liberación de gases y la planificación de emergencias, en violación de la Ley de Planificación de Emergencias y Derecho a Saber.

El acuerdo requiere que ambas empresas se comprometan a implementar un programa para disminuir la liberación de gases refrigerantes, así como un plan de cumplimiento, y a capacitar a sus empleados respecto de los requisitos del trabajo relacionado con gases refrigerantes, y a proporcionar informes periódicos a la EPA.

Las empresas también acordaron recurrir a un verificador independiente para inspeccionar sus instalaciones y registros.

Además de las sanciones, como parte del acuerdo establecido, las dos compañías se comprometieron a reparar todas las fugas de refrigerante y a realizar  mejoras en todas sus plantas, tareas que se calcula les demandarán alrededor de USD 260.000.

La solución propuesta está sujeta a un período de comentarios públicos de 30 días y a una aprobación final de la Justicia.


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